Varias consecuencias en el frente político, económico y social derivaron del hundimiento de la Resolución 125 por el voto no positivo del vicepresidente en ejercicio de la oposición, por las deserciones en el bloque oficialista y por el rechazo en Diputados y posterior campaña por el negativo en el Senado de legisladores del denominado arco progresista. Pero una derivación de ese acontecimiento tiene una particularidad extraordinaria que debería ser motivo de análisis de estudiosos de comportamiento de masas: gran parte de la población ha sido convencida acerca de que patrones agropecuarios, desarrollando su actividad en uno de los mejores ciclos productivos de la historia, están en crisis. Resulta peculiar que sectores del campo privilegiado, con un capital considerable y una rentabilidad más que digna, sean aceptados socialmente como víctimas y afectados patrimonialmente por determinadas condiciones económicas. Si ésa es la referencia para justificar y apoyar la queja de actores acomodados en la pirámide socioeconómica, que en este caso se ha expresado en cortes masivos de rutas, desabastecimiento de alimentos a los centros urbanos, alianza con los transportistas, cacerolazos y erosión a la gobernabilidad, cómo deberían reaccionar los trabajadores, excluidos y grupos vulnerables frente a la postergación de sus derechos y calidad de vida.
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