Definir como burocracia a una organización viene acompañado de una carga negativa, que en el caso de las estructuras sindicales se relaciona con escasa vocación democrática y con dirigentes que se eternizan en los cargos. Este tipo de funcionamiento, que motiva críticas diversas, no es exclusivo de los sindicatos tradicionales, sino que también se observa en movimientos sociales, partidos de izquierda y en gremios y asociaciones alternativas. Los candidatos de siempre en cada una de las elecciones nacionales y la permanencia de líderes sociales históricos en el espacio público no reflejan un proceso de renovación “democrática”. Si bien puede haber una corriente de simpatía, cercanía ideológica y mejor trato de ciertos analistas a estas últimas organizaciones, la “vida democrática”, la permanencia de las mismas camadas de dirigentes y la continuidad de sus caciques en los primeros planos no difiere en mucho en términos de representatividad a lo que se denomina despectivamente “burocracia sindical”. El debate en ese sentido, orientado a normas propias de la democracia liberal relacionadas con la mayor o menor accesibilidad para la elección de representantes, empequeñece la relevancia de la lucha sindical. Las condiciones laborales, la pelea por aumentar el poder adquisitivo y, en definitiva, la construcción de la conciencia de clase de los trabajadores se manifiesta en la práctica concreta de dirigentes de base y también de la conducción de los sindicatos. Ese proceso dinámico y vital, que sobrepasa a las antiguas y a las viejas-renovadas estructuras sindicales, es más relevante que la disputa por la pluralidad de organizaciones sindicales, más aún cuando se intensifica la puja distributiva en un marco del avance de corrientes conservadoras. Esas disputas acerca de la representación gremial corren el riesgo de dividir y del enfrentamiento y, fundamentalmente, del desgaste de fuerzas en la necesaria defensa de los intereses materiales de los trabajadores.
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La producción de la materia prima, elaboración y comercialización de estupefacientes prohibidos por ley es una actividad económica. El análisis de ese mercado, a diferencia de otros muchos, está dominado por conceptos generales acerca de la moral y cuestiones vinculadas con la salud. Estos dos aspectos son tan potentes en el debate cotidiano que queda postergado el entendimiento sobre el modo de desarrollo de ese sector de la economía. No se trata de la presentación de estimaciones millonarias de un negocio ilegal, sino de saber cómo funcionan las leyes económicas, lo que permitiría una comprensión y acción más abarcadora que la que ofrece el discurso conservador. No es un tema moral acerca de cómo a las personas les gustaría que funcionase el mundo, sino de conocer las características de la economía de la droga. El fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional penalizar la tenencia para consumo personal brinda la oportunidad de acercarse con un poco menos de prejuicios a una actividad económica que ha mostrado un creciente dinamismo en las últimas décadas.
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